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Carta abierta sobre las pruebas diagnóstico

Desde hace varios años venimos sufriendo en Andalucía las pruebas diagnóstico. Y digo sufrir, porque estas pruebas han sido causa de malestar y suspicacia entre la comunidad educativa desde su puesta en práctica. El mismo nombre de diagnóstico presupone ya la enfermedad del sistema educativo, y es que el hecho de que está enfermo lo sabemos todos los que a él pertenecemos. Ahora bien, ¿hacemos lo posible por curarlo o seguimos lanzando la "patata caliente" a los mismos?

La Agencia de Evaluación Educativa -AGAEVE- tiene un presupuesto de 5 millones de euros al año, de los cuales destina 400.000 a la realización de las pruebas diagnóstico. Estas pruebas se corrigen en los centros por los propios profesores "de gratis". Se trata por tanto de una prueba externa, realizada por un "panel de expertos" pero que deben corregir los profesores siguiendo unos macarrónicos e interminables criterios establecidos.
Un ejemplo:
En las pruebas de lengua la puntuación va del 1 al 4. NO HAY CERO.
¿Que el alumno contesta una burrada? Un punto.
¿Que el alumno comete 18 faltas de ortografía en una frase? Un punto
¿Que el alumno deja en blanco la respuesta? Un punto...
Es decir, haga lo que haga tiene un punto, exponencialmente 2,5 de 10.

Además, el panel de expertos parece no conocer los contenidos que la legislación marca para segundo de eso. La prueba no tiene nada que ver con la práctica diaria. Dentro del ámbito artístico de lengua, por ejemplo, parece haber un terror atávico a poner cuestiones sobre textos literarios, por lo que descendemos al nivel de canciones de Andy y Lucas o El Barrio. Cada año veo como los alumnos, que llevan todo el curo trabajando, se sorprenden cuando les entregamos las pruebas y dicen aquello de "esto nunca lo hemos dado" o "esto no viene en el libro". Imagínense el "papelón" del profesor que se siente en la obligación de defender su práctica docente. Todos los cursos termino planteándome qué es lo que la Administración espera de mí, si debo sustituir a Lorca por Estopa, la gramática por los recibos de la luz...

Además, las pruebas van en contra de dos principios fundamentales de la propia ley de educación; el de la escuela comprensiva y el de la evaluación continua. El primero porque de la realización de las pruebas se excluye a todos los alumnos con Necesidades Educativas diagnosticadas -¿acaso no interesan sus resultados?-. El segundo porque las pruebas no tienen en cuenta la trayectoria, intereses, motivación, ritmo y estilo de aprendizaje de cada uno de los alumnos.

Para rematar el disparate, este año se han filtrado varias pruebas, entre ellas las de lengua en secundaria. A pesar de ello la Consejería ha seguido adelante con unas pruebas que han perdido su razón de ser y que sólo pueden servir para marcar aún más las diferencias entre algunos centros "avispado-concertados" que las trabajan de antemano a fin de encabezar los inevitables rankings posteriores. Como profesional me parece indecente perder el preciado tiempo académico en preparar unas pruebas que poco aportan a la calidad de la enseñanza. Como docente y, sobre todo, como madre, solicitaría a la Consejería de Educación que invirtiesen el dinero en algo más productivo, no sé, por ejemplo en disminuir la ratio por clase, cubrir las bajas con más rapidez -o cubrirlas, simplemente-, dotar a las aulas de pequeñas bibliotecas, fomentar los viajes e intercambios escolares, ampliar las becas... se admiten sugerencias.


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